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lunes, 25 de junio de 2012

Exploraciones de Uranio en la coyuntura latinoamericana

6 junio 2012


Publicado por: José Rivera Vila
Latinoamérica nunca ha sido considerada un actor de relevancia en la industria del uranio y, si bien es poco probable que esta percepción cambie en el corto plazo, hay cierto movimiento en torno al mineral que está cobrando fuerza en numerosos países de la región.
La naturaleza estratégica del uranio se ha traducido históricamente en un estricto control estatal, pero una serie de países han dado el paso hacia la flexibilización de las regulaciones para el mineral en las últimas dos décadas, por lo que se ha desencadenado un cambio de amplio alcance en la estrategia que, junto con los mejores precios, está sustentando un incremento en la inversión privada orientada al uranio.
El cambio de política ha sido motivado en parte por el convencimiento de que es probable que cada nación tenga que incluir la energía nuclear en su matriz energética a fin de satisfacer sus necesidades de generación y metas de emisión en el mediano a largo plazo. El deseo de autosuficiencia en la materia prima que se convierte en combustible para reactores significa que se debe intensificar la exploración ahora al objeto de procurar la disponibilidad de recursos para explotación cuando surja la necesidad.
Empresas privadas y extranjeras ya realizan actividades de exploración en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Paraguay y Perú. En algunos casos, el Estado también realiza una búsqueda activa del metal, como es el caso de Argentina, donde la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) administra reactores comerciales y de investigación, y trabaja para poner en marcha minas de uranio. Al mismo tiempo, las compañías privadas que quieran poseer, explorar y explotar concesiones de uranio en Argentina son bienvenidas.
Por su parte, la política de Perú se orienta a fomentar la inversión privada en exploración y explotación del uranio, pese a que el país no cuenta con ningún programa específico de energía nuclear. Hoy en día, el uranio se considera principalmente como otro metal para agregar a la lista de exportaciones mineras del país, aunque las autoridades sí tienen puesta su atención en la energía nuclear como posible fuente energética a futuro. El distrito de Macusani, en el sur del país, alberga varias compañías extranjeras, en tanto que el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN) lleva a cabo actividades de exploración en etapa inicial en otras áreas con miras a atraer inversionistas para nuevos objetivos de uranio. El Estado de Perú no tiene intenciones de explotar minas de uranio con recursos propios.

POTENCIAL FRUSTRADO
Brasil, el país más grande de Latinoamérica y dueño de los mayores recursos de uranio en la región, no ha seguido los pasos de sus vecinos. El país apenas ha flexibilizado sus regulaciones para el uranio en los últimos años, para permitir a empresas privadas ser dueñas de una participación minoritaria en proyectos de uranio, en asociación con la empresa nuclear federal, INB. Esta última realiza exploración en diversas partes del país.
Sin embargo, la intención es que la totalidad de la producción local de concentrados de uranio sea convertida, enriquecida y transformada en combustible para reactores y sea consumida dentro del país, y el panorama que ofrece la demanda interna, si bien está en expansión, no va a motivar la exploración o explotación del uranio más allá de las reservas conocidas y la producción planeada.
“A menos que se reforme la legislación, [Brasil] no será nunca un productor importante de uranio”, manifestó Steve Kidd, director de estrategia e investigación de la Asociación Nuclear Mundial (WNA, por su sigla en inglés), con sede en Londres. Kidd estima que la política brasileña está obstaculizando el potencial que tiene esa nación para ser un actor relevante en el mercado global del uranio.
“Si se consideran los recursos valorizados del uranio, destaca [en América Latina] Brasil, que contiene recursos identificados de uranio para muchos años, pero solo sigue extrayendo cerca de 300 toneladas anuales”, agregó.
Es posible exportar el mineral, pero solo con una autorización especial del gobierno. Los estrictos controles del país también pueden ocasionar problemas a compañías que deseen explotar, por ejemplo, fosfato donde el depósito también contenga uranio. Existen mecanismos para resolver este problema: la compañía privada brasileña Galvani Mineração, por ejemplo, está proporcionando todo el capital necesario para desarrollar y explotar el depósito de fosfato y uranio Santa Quitéria, que consistirá en una unidad minera, una unidad de fosfato y una unidad de uranio. INB será responsable de operar la unidad de uranio y se quedará con toda su producción.
“La apertura de la exploración y explotación de uranio a compañías privadas es por supuesto una decisión política”, señaló el director de recursos minerales de INB, Otto Bittencourt.
Brasil tiene 278.700t o un 5% de los recursos mundiales identificados recuperables a menos de US$130/kg, según el documento Uranium 2009: Resources, Production and Demand, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, la visión de Brasil, “que solo apunta a atender sus necesidades de energía nuclear”, probablemente mantendrá sus suministros de uranio más caros que si el país hubiera adoptado un modelo de exportación del metal y hubiera participado activamente en el mercado mundial, según Kidd.
EXPLORACIÓN DE EMPRESAS JUNIOR
Sin contar a Brasil, es probable que el uranio se convierta en un excelente objetivo para empresas de exploración junior en todo el mundo en los próximos años, cuando se espera un aumento de los precios que extendería una tendencia general al alza iniciada el 2003. El Libro Rojo 2009 de la OCDE proyecta que hacia el 2035 la capacidad global de generación nuclear crecerá a 511GW en un escenario pesimista o a 782GW en un escenario optimista, por lo que la demanda de uranio pasaría de las actuales 68.646t anuales a 87.370-138.165t/a. El crecimiento será estimulado principalmente por países que no son miembros de la OCDE, como China, India y Rusia.
Latinoamérica ha estado recibiendo una inversión significativamente menor en exploración de uranio comparado con otras regiones, tal vez debido a que los países donde la exploración no tiene restricciones no han dado señales de albergar depósitos de importancia. Hay algunos expertos que creen que la mayoría de los países latinoamericanos nunca se convertirán en productores importantes de uranio. Sin embargo, eso no debería descartar por completo la posibilidad de una explotación de uranio rentable en la región, ya que existe la oportunidad -en la mayoría de los países- de que los gobiernos y las empresas por igual se beneficien de un sólido mercado en los próximos años.
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Concesiones mineras son retenidas sin ser exploradas ni explotadas -Perú


4 junio 2012. Perú.
CERCA DE 22,7 MILLONES DE HECTÁREAS NO REGISTRAN NINGÚN TIPO DE ACTIVIDAD.
Especialistas dicen que debe modificarse sistema de adjudicaciones.No es difícil ser minero en el Perú. Obtener una concesión de mil hectáreas para cualquier mortal que se autocalifique como productor minero artesanal requiere de un depósito de apenas US$500 en el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet). No se necesita acreditar experiencia minera, ni entregar ningún tipo de garantía, solo basta que la propiedad –al que el interesado aspira a tener en concesión– no haya sido solicitada antes por otra persona o empresa. La facilidad para obtener una concesión minera ha hecho que el 18,5% del territorio nacional haya sido otorgado con este fin. Esto no quiere decir que en estas áreas haya trabajos mineros; de hecho, según el Ingemmet, solo en el 1% del territorio nacional se hacen actividades de exploración y explotación minera.Así, de los 128,5 millones de hectáreas (ha) que tiene el país, 23,9 millones se encuentran concesionados y de ellos, solo 1,2 millones concentran operaciones.
¿Qué está pasando con cerca de 22,7 millones de hectáreas que han sido entregados en concesión y que no registran actividad alguna? Aquí algunas respuestas: Gran parte de este territorio está siendo retenido por pequeños especuladores; otro tanto es conservado por empresas que acumulan concesiones con miras a que en algún momento sean puestas en valor y otro tanto está siendo entregado por sus titulares a mineros informales para su explotación, recibiendo a cambio una regalía.“El sistema de concesiones es bueno, pero muchos se aprovechan de ello. Hay gente que denuncia y pone concesiones para especular y aprovecharse de los mineros honestos. También hay aquellos que se aprovechan de los informales cobrándoles cupos y regalías. Varias personas tienen concesiones en provincias y están en Lima tranquilamente sentadas y esperando que los ilegales les paguen sus regalías”, señala el ex presidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Walter Casquino.
Pero esta práctica de acaparar no solo es hecha a pequeña escala. Grandes empresas como BHP Billiton, Golden Ideal Gold Mining y Compañía de Minas Buenaventura, entre otras, tienen una gran cantidad de concesiones dormidas; pagando religiosamente las penalidades y los derechos de vigencia exigidos por ley para mantener en su poder las concesiones.
CHICAS Y GRANDES.
El director de Catastro Minero del Ingemmet, Henry Luna, aclara que en estos casos no es que las empresas no quieran invertir o explorar la zona entregada en concesión, sino que para poder desarrollar proyectos de exploración y explotación primero tienen que llegar a acuerdos con las comunidades de las áreas donde se encuentra la concesión y esto suele tardar mucho tiempo.
Según la legislación actual, los concesionarios tienen la posibilidad de retener las concesiones por seis años, período durante el cual solo pagan un derecho de vigencia. En el sexto año deben acreditar un monto mínimo de inversión por hectárea (en la gran minería es de US$100 por ha) en exploración o explotación; de no hacerlo pagan una penalidad, que en el caso de la gran minería es de US$6 por ha –entre el séptimo y duodécimo año– y de US$20 por ha en los siguientes años.El ex presidente del Ingemmet, Walter Casquino, sostiene que, considerando las ganancias mineras, estos precios resultan irrisorios y es por ello que es más fácil mantener los terrenos y seguir pagando las penalidades sin hacer nada.Desde el 2004 prácticamente se han triplicado los pagos por derechos de vigencia y penalidades para retener las concesiones, pasando de US$28 millones a US$72 millones en el 2011. Cecilia Gonzales, socia y especialista en Derecho Minero del Estudio de Abogados Grau, arguye que las mineras requieren de un plazo largo para hacer sus inversiones, en ese sentido, la actual normatividad les da la posibilidad, a las empresas y productores, de retener las concesiones hasta por cerca de veinte años, mientras terminan de hacer los estudios respectivos para producir. “Aquí hay que entender cómo trabaja el sector. Para que un titular empiece a hacer actividades tiene que tener todas las licencias y autorizaciones del propietario del área superficial. Llegar a un acuerdo con una comunidad puede demorar, con suerte, un año; después están los permisos ambientales, ahí es al menos otro año. Solo en obtención de permisos puedes demorar cuatro años”, refiere. Usualmente se ha cuestionado el prolongado tiempo que los propietarios de las concesiones dejan pasar sin realizar actividades en la zona de concesión. En el 2008 se intentó que se redujera el plazo de concesión a diez años. Hoy, un proyecto de ley en el Congreso, presentado por el congresista nacionalista Tomás Zamudio, propone declarar la caducidad de las concesiones mineras que no sean explotadas en un plazo máximo de tres años. El representante legal de Compañía de Minas Buenaventura y ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, José Miguel Morales, alerta que la propuesta es inviable.
“Eso es una falta de conocimiento de la actividad minera: desarrollar Antamina tomó 100 años; Cuajone, 70 años; Toquepala, 60 años y Toromocho, 80 años porque hay que explorar. En tres años eso es imposible”, recalca Morales. Sin embargo, el abogado sí cree que podría ser adecuado subir el monto que debe pagarse por hectárea para mantener el derecho de vigencia en la concesión. Morales cree que se requiere una reforma de la Ley General de Minería para adecuarla a todos estos nuevos aspectos.
EN VALOR.
En general al país le debe interesar poner en valor lo más antes posibles su riqueza minera, en ese sentido la inacción le puede costar mucho. Henry Luna explica que hay empresas pequeñas y personas naturales que tienen concesiones cerca de grandes minas a la espera de que ante una eventual expansión puedan negociar el derecho de la concesión por precios astronómicos.
Un empresario minero, que aceptó declarar con la condición de no ser citado, señala que hay áreas que bien podrían estar siendo estudiadas cerca a sus operaciones, pero por la retención de concesiones no pueden hacerlo. “Prácticamente no comen ni dejan comer. Esta situación podría impulsar incluso un mercado secundario de concesiones”, sugiere. Walter Casquino hace notar que las normas actuales de concesión se establecieron en 1992 en un momento en que se requería promover las concesiones. Hoy la realidad es otra. “Hay que ser creativos para plantear los cambios sin matar a la gallina de los huevos de oro, que en este caso es el sector minero. De lo contrario, la inversión en este sector se retraerá”, concluye Casquino.
Fuente: El Comercio.


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